Barrios “ilegales”: ratifican la denuncia contra Garro

Hace dos semanas el exintendente de La Plata, Julio Garro, fue denunciado por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” vinculado a distintos desarrollos inmobiliarios autorizados durante su administracción, por los cuales se habla de presuntas ganancias estimadas en 1.500 millones de dólares. En ese marco, ayer, según pudo saber este diario, se ratificó la acusación en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°16, a cargo de Juan Cruz Codomí Alcorta.

De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por EL DIA, la secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata y presidenta del Colegio de Abogados local, Marina Mongiardino, confirmó la presentación de cargos contra el jefe de la anterior gestión comunal por la presunta creación de barrios “ilegales” mediante ordenanzas “truchas”.

En ese contexto, también declaró el actual secretario de Infraestructura de la Comuna local, Sergio Ressa, quien, acorde a la información dada por las fuentes judiciales, habría descrito el trámite legal de la denuncia contra Garro. A la par, dejaron trascender que el funcionario municipal habría delineado las maniobras que supuestamente hacían los acusados en el marco de la causa para autorizar zonas urbanas mediante trámites ilegales.

Más detalles del caso

En el escrito al que accedió este medio se indicó que se trata de una “denuncia penal contra los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo Municipal de la gestión extendida desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023 por los posibles delitos de Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal argentino), al cometer una serie de irregularidades gravísimas desobedeciendo la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica prescripta por la normativa vigente (cfr. art. 83, Decreto-Ley 8912/77). Normativa no cumplida por el ejecutivo municipal anterior, permitiendo urbanizaciones ilegales sin cumplir con las leyes provinciales, y perjudicando tanto al erario público como a los habitantes de la ciudad”.

En el escrito judicial aseguraron que la presunta maniobra de la que acusan a la gestión de Garro “permitió y promocionó una cantidad desproporcionada de barrios cerrados que bajo un manto de legalidad constituían, sin lugar a dudas, un claro delito de estafa por parte de los desarrolladores al comercializar loteos que no contaban con la aprobación legal correspondiente, pero que aun así eran promocionados con el aval del gobierno local”.

Suspensión de obras

Tal como informó este diario el pasado 10 de octubre, en medio del conflicto legal que representaba la falta de autorización por parte de la Provincia de urbanizaciones que se desarrollaron durante la gestión municipal anterior, el intendente Julio Alak decidió suspender hasta febrero la ejecución de obras de construcción en más de 400 nuevos barrios, muchos de ellos cerrados, de la Ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

Los gobernadores de la UCR, en la Casa Rosada

LE PUEDE INTERESAR

Aceleran trámites para finalizar una autopista

La medida fue plasmada en un decreto que el jefe comunal firmó, afectando, al menos, unos 1.200 expedientes que se habían tramitado para edificaciones en estas nuevas urbanizaciones. Además, cerró el grifo para la presentación de nuevas solicitudes en estos barrios por el mismo período de tiempo: 180 días.

“El problema es que estaban fuera de regla”

Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires respaldaron la medida adoptada por la Municipalidad de La Plata de paralizar las obras en más de 400 nuevos barrios, en su mayoría de tipo cerrado, ya que “el problema es que estaban fuera de regla”.

En su habitual conferencia de prensa, ayer, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue quien se refirió al respecto y dijo que en muchos casos “lo que hacen desarrolladores es una estafa”.

Ante una consulta puntual, Bianco indicó que el procedimiento legal es que se presente ante el Concejo Deliberante de cada Municipio un código de ordenamiento territorial para el caso de las tierras que no están zonificadas como residenciales para barrio cerrado. Una vez aprobado debe ser enviado a Provincia para que se evalúe si esas tierras efectivamente se encuentran en condiciones para que se lleve adelante una construcción de ese tipo. “Una vez que la Provincia lo valide y se cumpla con lo solicitado recién ahí se puede poner el primer ladrillo o vender los lotes”, dijo Bianco.